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Trabajo confía en la eficacia del nuevo contrato formativo

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El Gobierno apostará por los contratos de aprendizaje y el empleo temporal para intentar salir de la crisis que no para de arrojar jóvenes a las listas del paro. El Consejo de Ministros, que aprobó el viernes la eliminación durante dos años de la prohibición del encadenamiento abusivo de contratos temporales, ha firmado ya el nuevo contrato de aprendizaje que no supondrá coste alguno para el empresario y el trabajador. El Ejecutivo, liderado por Zapatero, pretende de este modo superar los 100.000 nuevos contratos formativos en un año, aunque estos contratos no dejen de tener un marcado carácter temporal.

Y es que la historia se repite a manos del Gobierno socialista, que, según las propias afirmaciones de Valeriano Gómez, ministro de Trabajo, prefiere a un joven en un empleo temporal que en el paro. Esta reflexión, que ya realizase en su momento el entonces jefe del Ejecutivo Felipe González tras aprobar los denominados contratos basura, ha hecho que los diferentes sectores sociales alcen su voz contra el Gobierno de Zapatero, especialmente los sindicatos.

Gómez, que se defendió de las acusaciones de olvidar el bienestar social de los trabajadores y dar carta blanca a los abusos empresariales, explicó que esta ocasión es diferente de la sucedida con Felipe González. Y es que, en opinión del ministro de Trabajo, salir de la crisis incentivando el uso de la ocupación temporal no puede denominarse empleo basura porque el cese de la prohibición de encadenamiento de temporales sólo se suspenderá dos años. Del mismo modo, el ministro intentó defenderse de la avalancha de críticas afirmando que la nueva figura contractual formativa tendrá exactamente los mismos derechos y la misma protección social que el resto de trabajadores.

El ministro de Trabajo, que afirmó en todo momento que la norma se encontraba pensada especialmente para el sector público, afirmó que aún es muy precipitado calcular cuántos de estos contratos se suscribirán al nuevo modelo de aprendizaje, aunque desde su departamento esperan superar los 100.000 contratos en un año, que es el volumen que existe actualmente. Respecto al contrato de aprendizaje no fueron pocos los que preguntaron a Gómez cuánto estima el Gobierno que dejarán de recibir las arcas públicas, ya que quienes se adhieran a estos contratos no cotizarán a la Seguridad Social aunque sí recibirán sus prestaciones. A pesar de que Gómez no dio ninguna cifra al respecto, los especialistas calculan ya que el dinero que las arcas públicas dejarán de recibir en los próximos tres años ronda la cifra de 678 millones de euros.

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