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Las reformas laborales en España: su historia

El mercado laboral español adolece históricamente de un claro contraste entre empleados fijos, que gozan de elevada estabilidad, y temporales, con bastante precariedad. Las reformas laborales en España, surgidas con la principal vocación de crear empleo sostenido y de calidad, hasta la fecha no han sido capaces de salvar los déficits estructurales de un sistema productivo desfasado y una economía enormemente dependiente de la construcción y el turismo.

Una larga historia de intentos fallidos

Tras las rigideces que caracterizaron el mercado de trabajo durante el régimen franquista, con un intenso intervencionismo y sin apenas margen para la negociación colectiva, la primera gran reforma laboral la supuso el Estatuto de los Trabajadores de 1980, que dio un giro espectacular a la regulación del mercado laboral, con modificaciones en cuestiones capitales como la contratación, el despido (reduciendo la indemnización cuando era improcedente), la negociación colectiva (suprimiendo la autorización administrativa para los convenios) y los cauces de representación de los trabajadores en las empresas de cara a negociar los convenios colectivos.

Tres décadas de permanente reformismo

Con la reforma de 1984, cuyo sello de identidad fue flexibilizar la contratación temporal y mejorar la protección por desempleo, dio comienzo un largo periodo de inestabilidad en permanente búsqueda de estímulos a la creación de empleo y reducir su volatilidad, objetivos sistemáticamente incumplidos.

1992 produjo una reforma que supuso un severo retroceso en el nivel de cobertura de las prestaciones por desempleo, acentuando además las exigencias para el acceso a las mismas. Dos años más tarde, en 1994, tuvo lugar una de las más profundas reformas laborales, especialmente significada por fortalecer la negociación colectiva en detrimento de algunos derechos individuales, al margen de legalizar las llamadas entidades de transmisión de trabajo.

Fruto del mayor consenso conocido en materia laboral fue la reforma de 1997, en la que surgió como novedad el contrato indefinido de fomento de empleo, cuyo finiquito podía resolverse con 33 días de indemnización por año trabajado. Solo hubo de esperarse un año para producirse la siguiente, la de 1998, que se limitó a retoques en algunos contratos y a mejorar la cobertura de las prestaciones contributivas.

En 2001 se afianzó la regulación del contrato indefinido, y se fijó el derecho a una indemnización de ocho días para los temporales. La de 2002 aportó como principal novedad el reconocimiento extrajudicial del despido improcedente por el empresario sin abonar salarios de tramitación.

Dentro de las reformas laborales en España, la aprobada en 2006 evidenció que la creación de empleo sostenido y de calidad demanda una reforma de carácter integral en la que sean tomados en consideración todos los desajustes acumulados por el mercado de trabajo. Y en la de 2010 se sumó un objetivo a todas luces inalcanzable, por trascender de las posibilidades de una ley laboral: sentar las bases de un cambio del modelo productivo. Determinó una duración máxima de 3 años para los contratos temporales para obra o servicio y se propuso simplificar las posibilidades de despido por causas objetivas (situaciones económicas claramente desfavorables para la empresa), si bien respetando 45 días de indemnización por año trabajado.

La última reforma laboral de 2012

La insostenible tasa de desempleo que, como consecuencia de la recesión económica ennegrecía el panorama laboral español, llevó al Gobierno del Partido Popular, tras las elecciones de 2011, a abordar una de las socialmente más cuestionadas reformas laborales. Sus líneas maestras se concentran en la regulación del despido, de manera que en los casos de despido improcedente con contrato indefinido, la indemnización por año se redujo a 33 días, con un máximo salarial de 24 meses. Si, por contra, aquel resultase procedente, quedaba limitada a 20 días hasta un tope de 12 meses, parámetros que asimismo se cumplen en los despidos por motivos económicos no atribuibles al trabajador, como quiebra, disminución persistente de ingresos o pérdidas sobrevenidas.

A modo de síntesis, el Real Decreto-Ley 3/2012 estableció en 24 meses el límite de estancia bajo contratos temporales, y suprimió la intervención de la autoridad laboral en los expedientes de regulación de empleo (ERE). Y en el ámbito del estímulo al empleo juvenil, estableció, para aquellas empresas que incorporen en nómina a trabajadores menores de 30 años, una reducción de 1.000 euros anuales en las cuotas de la Seguridad Social, de evolución creciente a razón de 100 euros por año adicional.

Reforma de 2012: los resultados se hacen esperar

Después de un último tercio de siglo especialmente prolijo en reformas laborales tras abandonar un régimen basado en el proteccionismo y la intervención del poder político, en un escenario de recesión económica y desempleo superior al 25%, febrero de 2012 alumbró una agresiva remodelación del mercado de trabajo. Se vieron afectados elementos nucleares del mismo, como el sistema de negociación colectiva y el régimen de despidos. Es obvio que la naturaleza estructural de las nuevas reformas laborales en España impide la manifestación de sus efectos en un horizonte a corto plazo, a pesar del clamor ciudadano por obtener una respuesta rápida en téminos de creación de empleo neto.

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