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¿Puede una empresa despedir a un trabajador por un email?: el Constitucional así lo cree

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El Tribunal Constitucional ha avalado el despido de un trabajador al que su empresa despidió tras acceder a su correo electrónico corporativo. De este modo, el TC rechaza el amparo solicitado por un trabajador que alegaba vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones y al derecho a la intimidad, por ser despedido después de que la empresa mirara su correo electrónico corporativo y su teléfono móvil para comprobar que estaba pasando información sensible a la competencia.

Los magistrados de la Sala Primera del Constitucional entienden por unanimidad que la intervención de los mensajes fue una medida justificada, porque el trabajador debía ser consciente de que podían vigilar el contenido del correo electrónico. En este sentido el tribunal determina que, tal y como establece el Estatuto de los Trabajadores, la empresa estaba legitimada para controlar “las herramientas informáticas de titularidad empresarial puestas a disposición de los trabajadores (…) tanto a efectos de vigilar el cumplimiento de la prestación laboral realizada a través del uso profesional de estos instrumentos como para fiscalizar que su utilización no se destinaba a fines personales o ajenos al contenido propio de su prestación de trabajo”.

El Constitucional considera que el acceso de la empresa al contenido de los correos electrónicos es una medida “justificada”, basada en las sospechas de un comportamiento irregular del trabajador, e “idónea”, para verificar si el trabajador cometía efectivamente la revelación a terceros de datos empresariales secretos. Además, el tribunal la considera “necesaria” para poder justificar el despido disciplinario ante una eventual impugnación judicial.

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En definitiva, según afirma el TC, no hay vulneración del secreto de las comunicaciones porque el empleo del correo electrónico corporativo por parte del trabajador se circunscribe a fines profesionales y que lleva “implícita la facultad de la empresa de controlar su utilización al objeto de verificar el cumplimiento”.

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