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Cómo pedir la discapacidad

Cada día decenas de personas se enfrentan a accidentes laborales o enfermedades que los dejan incapacitados para ejercer sus trabajos de forma temporal o permanente. Esas personas deben iniciar una serie de trámites burocráticos para pedir la discapacidad y que las administraciones públicas le reconozcan su régimen especial de minusvalía.

Documentación y trámites

Pueden pedir la discapacidad todas las personas con nacionalidad española o extranjera, pero con residencia legal en España durante todo el año. Las solicitudes se deben presentar en los organismos competentes de las Comunidades Autónomas, normalmente las Consejerías de Asuntos Sociales.

La documentación a presentar para pedir el reconocimiento de la discapacidad son los siguientes:

  • Impreso de solicitud
  • Original o fotocopia compulsada del carnet de identidad, el libro de familia o la tarjeta de residencia, en caso de tratarse de un extranjero. Si se tratase de un menor, también será necesario el mismo documento perteneciente al tutor legal.
  • Original o fotocopias compulsadas de los informes médicos y psicológicos donde se explique el diagnóstico.

Tras la presentación de la solicitud y la documentación correspondiente, se obtendrá una cita para un reconocimiento médico. Este examen será realizado por tres profesionales: un médico, un psicólogo y un trabajador social.

Cada uno de estos profesionales analizarán los factores necesarios para establecer los baremos mediante los que se obtendrán las ayudas pertinentes. Mientras que el médico y el psicólogo valorarán los factores referentes a la salud, el trabajador social valorará otros factores, como nivel de ingresos, situación familiar, nivel de autonomía... También asesorará sobre las ayudas a las que pueden acceder.

Cada dos años las Comunidades Autónomas pueden revisar la resolución por discapacidad, en previsión de posibles mejorías o agravamiento de la enfermedad o limitación.

Plazos

Desde el momento en que se decide pedir la discapacidad, la duración de los trámites burocráticos tiene un límite establecido en tres meses, salvo en las Comunidades Autónomas de Aragón, Valencia y Castilla La Mancha, donde el plazo máximo que tiene la administración para dictar resolución es de seis meses.

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