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Las cartas de la jubilación no serán enviadas

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Las prometidas cartas con información sobre los futuros derechos de jubilación no van a ser enviadas de momento, a pesar de haberse adjudicado ya los contratos para su impresión y envío.

El actual Gobierno se comprometió en 2011 a desarrollar el reglamento para el envío de esas cartas, que en una primera campaña irían dirigidas a los mayores de 50 años, más de ocho millones de personas. Posteriormente el envío se ampliaría a los cotizantes de todos los rangos de edad, con periodicidad anual. Se llegó incluso a licitar los contratos para la impresión y envío de las cartas, como informan en El Economista.

Ahora, la ministra de Empleo Fátima Báñez ha anunciado que se pospone esa medida, que pretendía concienciar a los ciudadanos de la importancia de prepararse para sus años de jubilación. Las razones esgrimidas son que el Ministerio ha de centrarse en disminuir las cifras de desempleo y la propia complejidad técnica del envío. En opinión de sindicatos y patronal, la decisión tienen un cariz político, ante la inminencia de las elecciones generales.

El envío de la carta con información sobre la futura pensión tiene varios efectos: la pretensión es que los ciudadanos puedan conocer qué pensión les corresponderá en el futuro y puedan planificar en consecuencia, constituyendo una bolsa de ahorro privado. Sin embargo, también quedaría patente la insuficiencia de las prestaciones públicas ante las necesidades económicas de la jubilación.

Pero el envío de las cartas también dejaría en evidencia el estado del Fondo de Pensiones, la llamada hucha. En el preámbulo de la propia Ley que regula la sostenibilidad de las pensiones ya se hace referencia a que en el período 2025-2060 alcanzarán la edad de jubilación los cotizantes de la generación del baby boom, lo que supondrá un aumento extra en el número de pensiones.

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En la actualidad, la ratio entre pensionistas y afiliados a la Seguridad Social es de 2,26, que equivale a decir que hay un pensionista por cada dos personas en activo. La caída de cotizantes debida al aumento del desempleo de los años de la crisis se cifra en cerca de dos millones y, como consecuencia, el Gobierno ha tenido que acudir a la hucha para el pago de pensiones, que en 2011 tenía cerca de 66 millones y ahora está en algo más de 41 millones.

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