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Las administraciones autonómicas alcanzan los 10.000 liberados sindicales

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No son pocos quienes denuncian el abuso en la cifra de liberados sindicales que tienen las Comunidades Autónomas en España. Y es que las cifras son claras, 10.000 trabajadores de la administración pública forman parte de uno de los colectivos más esquivos del entramado burocrático del país. Una cifra que ya ha sido llevada a debate, y que verá reducido su número, incluso en el 70%, gracias a los próximos recortes de algunos nuevos presidentes regionales.

Siguiendo el ejemplo de Esperanza Aguirre, que ya lanzó este debate en septiembre del 2010 y prescindió para la Comunidad de Madrid de 2.400 liberados en febrero, la también popular María Dolores de Cospedal, ha recibido el testigo. Precisamente será en la comunidad de Castilla-La Mancha, que Cospedal preside, junto a Baleares, Valencia, La Rioja y Galicia, donde se aplicarán los nuevos recortes de liberados sindicales, lo que supondrá un soplo de aire fresco para estas autonomías. Por su parte, las comunidades con un mayor número de liberados, Andalucía y Castilla y León, no han querido dar datos concretos de la cifra exacta del colectivo.

La nueva líder de Castilla-La Mancha, que se enfrenta a una enorme deuda dejada por sus predecesores en el Gobierno, no dudó en comprimir, en medio de su plan de ajuste autonómico, el número de liberados de su Comunidad de 785 a 284, el tope que marca la ley. Cospedal explicó que esta medida se convertía en esencial, ya que era inviable tener una cantidad excesiva de personas que dedicaban todo el día a representar a los funcionarios pero cobraban un salario como cualquier trabajador. El problema reside, según explicaron los técnicos del departamento de Servicios Laborales del Gobierno castellano-manchego, en que muchos liberados dejan de ir a trabajar aunque técnicamente no dispongan de las horas necesarias para estar libres. Los técnicos denunciaron también que incluso un gran número de liberados hace trabajo sindical en empresas privadas, cuando por ley sólo pueden representar al funcionariado.

Varias comunidades han seguido ya el ejemplo de Castilla-La Mancha y se han puesto manos a la obra para reducir el número de liberados. Este es el caso de Galicia, donde el Gobierno regional se plantea suprimir 25 de un monto de 330 (8%) o La Rioja, donde Pedro Sanz quiere pactar una reducción proporcional. Por su parte, el presidente de Baleares, José Ramón Bauzá, ya ha anunciado que recortará el 70% de los liberados de su región, añadiendo que si los ciudadanos de a pie deben apretarse el cinturón, los sindicatos también deberían hacerlo y demostrar solidaridad real con la población a la que representan.

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