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El nuevo contrato formativo, en el aire

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Finalmente los departamentos de recursos humanos de las empresas podrán emplear a los jóvenes a través del nuevo contrato de formación y aprendizaje, que servirá para parados de entre 16 y 30 años sin cualificar. Este tipo de contrataciones, que venían programándose desde Trabajo desde hace semanas, son posibles tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Real Decreto-ley sobre medidas laborales, que el Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado en medio de otras medidas de urgencia contra el desempleo.

El problema reside, según se quejan los empresarios, en que no existen aún los recursos necesarios para este tipo de contratos, por el cuál ni contratantes ni contratados deberán pagar a la Seguridad Social. Y es que, aunque la contratación ya es posible, los jóvenes deberán tener un trabajo que les ocupe el 75% de su jornada y un lugar para formarse el 25% de la jornada restante, un punto que aún nadie se ha molestado en regular.

Según el decreto publicado en el BOE, los cursos formativos que se alternen con el empleo deberán ser impartidos en un centro reconocido para ello por el sistema nacional de empleo. De este modo, y según indica la ley, los centros deberán ser: públicos y privados concertados de formación profesional, los Centros de Referencia Nacional, los del sistema educativo que ofertan formación profesional, los públicos del Sistema Nacional de Empleo, los Centros de Referencia Nacional o los privados acreditados del Sistema Nacional de Empleo con oferta de formación profesional para el empleo. Sin embargo, ninguno de estos centros ha recibido directrices acerca de programas o cursos específicos para impartir a los jóvenes con esta modalidad de contratación.

De este modo, los empresarios han afirmado ya que prefieren mantenerse a la espera hasta que se establezca un reglamento adecuado, que asegure la formación a los jóvenes que contraten. Es más, desde las empresas se ha afirmado que tampoco existirán contrataciones según este modelo del Gobierno hasta el 31 de diciembre de este año, el plazo que Trabajo se ha puesto para elaborar las normas del plan de contratación. Un sistema que desde fuentes empresariales tachan de inseguro, ya que no establece normas reales para una ley que podría, además, no ser ratificada por el Congreso de los Diputados en el plazo de 30 días, por lo que contratar a personal no habría servido de nada.

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