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El Gobierno quiere acabar con los contratos 'a dedo'

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El Gobierno de Mariano Rajoy está elaborando el anteproyecto de Ley de Contratos Públicos con el que pretende fomentar la transparencia.

Con esta nueva ley, partidos políticos, sindicatos y patronales financiados mayoritariamente con dinero público estarán obligados a convocar concursos públicos y a informar de todos los contratos de obras y servicios. Además, no podrán optar a contratos públicos las empresas que paguen tarde a los proveedores, según informan en El Economista.

En la actualidad, el 42% de los contratos públicos se firman bajo el modelo de procedimiento negociado sin publicidad. Con la nueva ley, solo quedarán exceptuados de la obligación de publicitar los contratos los que tengan que ver con cuestiones de seguridad y aquellos cuya cuantía no supere los 18.000 euros.

Para publicitar los contratos, las Administraciones publicas contarán con el Portal de la Contratación del Sector Público, que ya agrupa al Estado, trece autonomías y algunos grandes municipios. Por su parte, sindicatos, partidos y otras organizaciones podrán elegir los medios por los que dar a conocer dichos contratos.

En un intento de luchar contra la morosidad, las empresas que opten a alguno de estos contratos deberá cumplir el requisito de que el período medio de pago a sus proveedores esté de acuerdo a lo establecido por ley, que son 30 días. Con ello se pretende garantizar que son empresas solventes y que pagarán a los subcontratistas.

También se creará un nuevo contrato de 'asociación para la innovación', por el que podrán optar a contratos con la administración las empresas concurrentes para desarrollar un servicio o bien que cubra una necesidad concreta. Se eliminará parte del papeleo, pues solo habrán de presentar la documentación completa las empresas adjudicatarias. Para competir será suficiente presentar la oferta.

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Además, la nueva ley fomentará las políticas sociales, teniendo en cuenta las cuotas de contratación de personal con discapacidad a la hora de adjudicar los contratos públicos.

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