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El despido objetivo costará casi el doble a las empresas de menos de 25 trabajadores

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Las empresas de menos de 25 trabajadores deberán pagar íntegramente la indemnización por despido objetivo de 20 días por año trabajado. Hasta ahora, el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) pagaba a los trabajadores de las empresas con menos de 25 trabajadores que fueren despedidos por causas económicas o por quiebra, 8 días de la indemnización correspondiente, mientras que las empresas pagaban sólo los 12 días restantes, pues así lo establecía el artículo 33.8 del Estatuto de los Trabajadores.

Sin embargo, una enmienda a los Presupuestos Generales del 2014 presentada por el PP propone suprimir este apartado del Estatuto de los Trabajadores según el cual, el Fogasa abonaba al trabajador una parte de la indemnización correspondiente a 8 días por año trabajado, mientras que la empresa aportaba los otros 12. El Grupo Popular justifica la propuesta presentada señalando que limitar las ayudas a las pequeñas empresas en esta situación “desincentiva el despido y fomenta el mantenimiento de empleo”.

Debemos recordar que, esta medida de que el Fogasa pague una parte de la indemnización por despido por causas económica o quiebra, se introdujo en la reforma laboral del 2010 llevada a cabo por el Gobierno de Zapatero. Su objetivo era rebajar la carga de las empresas en el despido objetivo hasta que se implantara el “modelo austríaco”, modelo que nunca se llegó a implementar, pero sin embargo, el Fogasa mantuvo el pago directo de esos 8 días en los despidos de los trabajadores de las pequeñas empresas hasta ahora.

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Con la nueva modificación introducida con efectos a partir del 1 de enero del 2014, se pretende volver a la situación anterior a la reforma del 2010. Es decir, las empresas que realicen un despido objetivo tendrán que abonar la totalidad de la indemnización y el Fogasa sólo pagará la indemnización cuando la empresa esté en concurso y además no pueda abonar las indemnizaciones. Desde UGT se critica que la este cambio se haya realizado sin consultar a sindicatos y empresarios, y que la enmienda podría afectar "a un gran número de los 181 000 expedientes del Fogasa que ahora se encuentran paralizados".

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