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El cheque formación será voluntario para las Comunidades Autónomas

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El Consejo de Ministros aprobó este viernes la reforma del Sistema de Formación Profesional para el Empleo. Tras los escándalos sobre el fraude en los cursos de formación, la reforma relega a patronal y sindicatos a un papel planificador.

Tal como publica hoy Libre Mercado, la reforma no trae demasiadas sorpresas y el esperado cheque de formación queda como opción para las Comunidades Autónomas.

En la llamada formación de demanda o bonificada, que es la ofrecida a los trabajadores en la empresa, el Gobierno propone mayor flexibilidad, permitiendo la elección de contenidos y reduciendo el número de horas mínimas de seis a una. Si la empresa recurre a una empresa externa para impartir los cursos, las responsabilidad será solidaria entre ambas. La bonificación se percibirá una vez haya terminado el curso.

En la formación de oferta o subvencionada, dirigida a ocupados y desempleados, es donde entra en marcha el cheque de formación, al que podrán acogerse las Comunidades Autónomas de forma voluntaria. Con el cheque de formación, es el propio desempleado el que elige la entidad y el curso que recibirá, impartido por empresas acreditadas de formación. Hasta ahora estos cursos se concentraban en unos pocos meses al año. La idea es que el parado tenga mayor libertad para elegir durante todo el año.

En cuanto a los cursos subvencionados para trabajadores, los que se realicen fuera de la empresa deberán ser impartidos por entidades formativas acreditadas que no podrán subcontratar a terceros. Además, a partir de ahora no se pagará de forma anticipada más del 25% del coste (hasta hoy se podía anticipar hasta el 100%).

También se reconoce a los trabajadores autónomos el derecho a la formación. Otra novedad es la libre concurrencia, por la que todos los proveedores acreditados podrán proponer sus cursos.

Fotogalería: Las familias de cursos de formación del SEPE

La principal novedad está en las sanciones. Se endurecerá la vigilancia de la distribución de fondos con la creación de una Unidad Especial de control. Las empresas sancionadas no podrán recibir fondos de las Administraciones Públicas durante cinco años.

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